En el contexto de una nueva conmemoración del 11 de septiembre, la presidenta Michelle Bachelet anunció que le asignaría carácter de urgente a la discusión del proyecto que terminaría con el secreto de los 50 años de silencio que restringe el acceso al archivo de la Comisión sobre Prisión Política y Tortura (Comisión Valech I). Este anuncio ha marcado el debate público las últimas semanas, y diversos actores han participado en la discusión sobre el origen de la ley que protege el archivo de la comisión, las limitaciones del secreto, las consecuencias que ha tenido a trece años de su aprobación, y diversas propuestas.
Ante este escenario, la Facultad de Psicología y la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), patrocinados por el Programa Interdisciplinar de Investigación en Memoria y Derechos Humanos de la UAH organizaron un Seminario titulado «El secreto de la Comisión Valech» que contó con la presencia de Elizabeth Lira, Decana de Psicología de la misma universidad, premio nacional de ciencias sociales y comisionada de la comisión Valech I; Haydée Oberreuter, ex prisionera política y testimoniante de la Comisión; Enrique Rajevich, Profesor de derecho administrativo de la UAH y Héctor Hernández, profesor de derecho penal de la Universidad Diego Portales.
Este seminario abordó la historia de la comisión pasando por su constitución, objetivos, trabajo e informe entregado, los efectos que tuvo para quienes fueron calificados como «víctimas de prisión política y tortura», además de las políticas de reparación que han sido implementadas por el Estado chileno, además del marco legal establecido sobre la comisión y particularmente sobre su archivo, tanto en torno a sus implicancias vistas sobre la Ley y el Consejo de Transparencia del Estado y la utilización de su información por tribunales y público en general. Como por parte del análisis Jurídico Penal se dio cuenta del rol que podrían jugar estos archivos en la constitución e indicios de investigaciones que cuestionen la impunidad en procesos judiciales.
Luego de la exposición de los invitados, se desarrolló una ronda de preguntas y un debate con el público, entre los que se encontraban estudiantes, historiadores, sociólogos y testimoniantes de las comisiones. Las principales reflexiones de esta jornada consideran el especial trato con los datos para consensuar un sistema que garantice el buen uso de la información en procesos judiciales, considerando los testimonios como contexto, indicio y antecedente de la represión; además de la advertencia de la implementación de la ley y la política pública llevada a cabo para quienes fueron víctimas de tortura y prisión política, ejecutados políticos y detenidos desaparecidos.
Sin duda esta jornada ofreció un espacio de reflexión, donde diversos actores pudieron compartir sus experiencias y aportar a la discusión nacional.
