En las sociedades contemporáneas, diferentes instituciones han dado cuenta de la violencia política a través de la justicia nacional e internacional, comisiones de verdad, organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, organizaciones de familiares de víctimas, sitios de memoria y otros dispositivos. En cada caso, el registro de la violencia política ha cumplido con diversos propósitos en diferentes situaciones socio-históricas: para denunciar la violencia estatal a medida que se desarrolla y defender a sus víctimas, como en el caso de las organizaciones chilenas de derechos humanos durante la última dictadura militar; en las secuelas de la violencia como parte de dispositivos de reconocimiento, reparación, restitución de derechos, transición política y pacificación como en las más de 40 Comisiones de Verdad sostenidas en países como Sudáfrica, Chile, Paraguay, Perú, Guatemala o Sri Lanka; o siglos más tarde como una respuesta a los crímenes históricos infligidos por el colonialismo a la población indígena, como sucede con el informe de 2015 de la Comisión canadiense para la Verdad y la Reconciliación. En función de esta diversidad de propósitos a los que sirve, el tipo de registro varía: algunos enfatizan el relato testimonial, otros la evidencia legal o forense, y aún otros las clasificaciones y estadísticas (…)