En 1973, la Corte Suprema rehusó ejercer sus facultades de superintendencia y corrección de los tribunales militares “en tiempo de guerra”, afirmando falta de jurisdicción.  La consecuencia principal de esta autolimitación del Tribunal Supremo fue la total desprotección de miles de chilenos, al negárseles de hecho sus garantías constitucionales.

La Junta Militar no cerró el Poder Judicial, pero modificó radicalmente la relación entre los poderes del Estado: el Poder Judicial, el Legislativo y el Ejecutivo. El Poder Judicial fue intervenido mediante decretos leyes, “reformando” su estructura y jurisdicción, desde los juzgados del Trabajo y “de Indios” hasta las atribuciones de los tribunales militares, las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema. La Junta de Gobierno suprimió el Tribunal Constitucional, instalado en 1970 mediante una reforma constitucional, y luego lo repuso en la Constitución de 1980, con jurisdicción y atribuciones inéditas.

Como en los dos tomos anteriores, Brian Loveman y Elizabeth Lira Kornfeld investigan los casos judiciales que ilustran el funcionamiento del Poder Judicial en relación a los conflictos políticos. En este volumen, muchos de los casos originados en actos del régimen militar se han prolongado hasta el presente y aún no terminan; algunos de ellos se actualizan (hasta 2019), incluyendo los últimos fallos, ilustrando así los cambios jurisprudenciales y políticos experimentados por el Poder Judicial desde el período investigado hasta el presente.